Los que quisieron y los que pudieron

 

 

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Puntuación obtenida: 71 pts | Actualizado: 29 de abril de 2014
Nombre completo: Thelma Esperanza Aldana Hernandez
Lugar y fecha de nacimiento: Zacapa, Zacapa 27/09/1955
Edad: 63 años
DPI: 1606580201901 Zacapa, Zacapa
NIT: 448426-6
Profesión: Abogada y notaria
Colegiado: #2711
Experiencia: 31 años
Información adicional:

Graduada de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Occidente Quetzaltenango de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CUNOC), en 1982; con estudios de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, en 2007, y en Derechos de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia, en 2008. Además ha hecho estudios adicionales en investigación con enfoque de género, migraciones laborales y derecho mercantil.

Aldana Hernández ha hecho la mayor parte de su carrera en el Organismo Judicial (OJ). Inició intercalando su puesto como conserje con funciones de oficial y notificador en el Juzgado de familia de Quetzaltenango, entre febrero de 1981 y agosto de 1982. Seis meses después, ya graduada, paso a ser secretaria del tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 1983 a 1986; secretaria de la Sala de la Corte de Apelaciones de familia, de 1986 a 1987, y secretaria de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, en 1987.

En 1987, asumió como asesora jurídica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Un año después era coordinadora y luego presidenta del Consejo Técnico de ese ministerio. De 1989 a 1991, fue nombrada viceministra de Trabajo y Previsión Social, en la gestión del entonces presidente Vinicio Cerezo.

A su salida del viceministerio, fue asesora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), mandataria judicial del Banco de los Trabajadores y jefa de recursos humanos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). De 1993 a 2000, trabajó en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) cuando asumió como magistrada titular de la vocalía I de la junta de disciplinaria del OJ.

A partir de 1999 hizo carrera como magistrada de diferentes instancias de la Corte Suprema de Justicia, siendo electa como magistrada titular de la Corte de Apelaciones en dos ocasiones, en 1999 y 2004. En su primer período fue magistrada presidente del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, en 1999; magistrada titular vocal II de la Junta de Disciplina Judicial, de 2000 a 2001; magistrada vocal I de la Sala tercera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil, en 2001; magistrada vocal II de lo Sala Primera del Tribunal de lo contencioso administrativo, en 2012; magistrada de apoyo de la Sala Primera de trabajo y previsión social de la Corte de Apelaciones, en 2003. En su segundo período como magistrada titular de la Corte de Apelaciones fue magistrada presidenta de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil, en 2004.

En 2009, tras una accidentada elección en el Congreso de la República en que fue acusada como no idónea por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para ser electa, asumió como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ocupando la vocalía VII.

Sus detractores recordaron que, mientras presidía la Sala Segunda de Apelaciones, Aldana otorgó un amparo a Francisco Alvarado MacDonald frenando la liquidación de los bancos Promotor y Metropolitano al ordenar que no se aplicara el procedimiento de cierre establecido en la Ley de Bancos y grupos financieros, ya que ésta se había aprobado meses después de que inició el proceso judicial. Además, emitió una resolución en la que otorgó un amparo provisional para designar los escaños a representantes del Colegio de Abogados en las planillas de ese organismo en las comisiones de postulación para la CSJ y las Salas de Apelaciones de 2009.

El Movimiento Pro Justicia (MPJ) acusó que Aldana fue incluida en la nómina para pagar favores políticos, tras incluir en la nómina a Mynor Franco y Jackeline España, apoyados por la Unión de la Esperanza (UNE). Mario Taracena, diputado de la UNE, aceptó tras la votación que existía un acuerdo previo para apoyar a España y Franco, que junto a ella, obtuvieron los votos de la bancada oficialista y sus aliados en el pleno.

Ya dentro de la CSJ, se le identifica como parte del “grupo de los seis”, junto a Erick Álvarez, Gustavo Adolfo Mendizábal, Héctor Maldonado, Luis Pineda y Gustavo Bonilla. Frente a ellos estaba el “grupo de los siete”, integrado por Gabriel Medrano, Maynor Custodio Franco, Rogelio Zarceño, Arturo Sierra, Luis Arturo Archila Larayes, Ervin Gómez y César Barrientos. Ambos grupos mantuvieron un acuerdo obligado de alternancia al no contar ninguno con los nueve votos necesarios para la presidencia. Así, Aldana Hernández asumió la presidencia de la Corte el 13 de octubre de 2011.

En la presidencia Inició un proceso de reestructuración y reorganización administrativa de la judicatura. Apoyó a los juzgados y tribunales penales de delitos de femicidio, casos de violencia intrafamiliar, trata de personas y violencia sexual hacia la mujer en los programas de ampliación del sector justicia en todo el país, que entraron vigor con Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en 2011.

Además, en esa labor, obtuvo apoyo de gobiernos extranjeros, como Taiwan, que donó dinero para las salas contra femicidio; y Estados Unidos, que vio con buenos ojos la creación de los tribunales especiales y la Corte de apelación del ramo penal de procesos de mayor riesgo y extinción de dominio.

A nivel de política interna, mantuvo relaciones equilibradas.

Al final no apoyó la reforma constitucional. A finales de agosto de 2012, el pleno de magistrados de la CSJ mostró su rechazo a la propuesta del presidente Otto Pérez Molina. Aldana le envió al mandatario dos misivas en las que explicaban que las modificaciones a la carta magna no contenían las reformas necesarias para mejorar las condiciones de justicia.

Los magistrados buscaban la incorporación de la carrera judicial en la Constitución y ampliar a 10 años el período de los magistrados, como una garantía para el Organismo Judicial; un incremento del 6% al presupuesto del OJ, sobre el 4% planteado por el Ejecutivo; y, se oponían a que la CSJ eligiera a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, algo en que dio marcha atrás el Ejecutivo, y a la integración del Consejo Superior del OJ, que podía debilitar la independencia del órgano al estar integrado por personas designadas por el Congreso de la República.

Su relación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mejoró. La Comisión había criticado en su informe de cuarto año de labores, presentado el 5 octubre de 2011, que persistían dificultades para juzgar casos que involucraran a autores intelectuales de graves delitos, como el caso del expresidente Alfonso Portillo, así como en la investigación de casos como Pavón, Maskana e Infiernito. Pero Aldana recibió un espaldarazo del comisionado Francisco Javier Dall’Anese al asegurar que se trabajaría con mayor armonía con el OJ.

Incluso, evitó polemizar con la CICIG en junio de 2012, cuando se dio a conocer el informe de la comisión sobre actos anómalos de jueces en el país. La investigación inició en noviembre de 2011, con el apoyo del OJ y del MP, y con el visto bueno de Aldana, como parte de un programa de cero tolerancia a la corrupción al interior del OJ. La respuesta de la presidenta de la CSJ fue más de lavarse las manos: en la mayoría de casos, las complicaciones en las resoluciones dependían más de la actuación del Ministerio Público (MP) que de los mismos juzgadores.

Como presidenta del OJ, acompañó a la vicepresidenta Roxana Baldetti a las Naciones Unidas cuando se presentó el plan de trabajo 2012-2013 de la CICIG y la ampliación de su mandato en el país.

Asesoró el diseño del programa del área penal de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural, de 1996 a 2003; fue docente en materias de grado y de postgrado en la USAC.

Publicó el libro Los Retos de la Esperanza (ARMAR Editores, 2013) sobre justicia especializada con enfoque de género.